‘Decreto de excepción rompe el Estado de Derecho’

Según juristas consultados por HOY es la mayor intromisión en la Justicia dada en el país, que viola normas locales e internacionales

De acuerdo con lo establecido en el artículo 164 de la Constitución, promovida por el Gobierno de Rafael Correa, redactada en Montecristi y aprobada por el pueblo en la consulta popular de abril de 2008, solo hay cinco razones por las cuales el Presidente de la República puede decretar Estado de Excepción en parte o todo el territorio nacional.

Estas son: agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural.

En criterio de juristas consultados por HOY, ninguna de esas causales están dadas, por lo que advierten que el Decreto 872, dictado este lunes por el presidente Rafael Correa, debería ser revocado por la Asamblea y declarado inconstitucional por la Corte Constitucional (CC).

Santiago Guarderas, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica-Quito, calificó al Decreto como inconstitucional, ilegal y contradictorio, porque viola, además del mencionado artículo, el 121 y 123 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales.

Precisa además que los estados de excepción se dictan en situaciones de emergencia, cuyo daño ya se provocó y puede afectar ciertos derechos y asumir ciertas competencias que podrían generar desequilibrios en la división de poderes.

Otro aspecto que destaca Mauro Terán, exmagistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia, es que la emisión de este tipo de decretos son excepcionales en un estado de derecho y están sujetos al control del mayor órgano constitucional, es decir de la CC, que debe pronunciarse sobre el tema.

Terán y Guarderas, aunque coinciden en que tanto la Corte como la Asamblea son funcionales al Gobierno, les recuerdan que es su obligación constitucional, como consta en el mismo artículo 164, revocar el Decreto si no tiene fundamento, en el caso del Legislativo y emitir un dictamen sobre su constitucionalidad, en el de la Corte. “No ha habido una grave conmoción interna, tumultos o levantamientos, jamás se emite un decreto para prevenir una conmoción interna, como señala el artículo 1 del Decreto 872. La medida se dicta cuando han fracasado otros mecanismos ordinarios para resolver una situación así”, dijo Guarderas.

Terán advirtió además el riesgo que implica haber puesto al Consejo de la Judicatura, rector de la administración de Justicia, al mando de los ministerios de Justicia y Finanzas, a los que el Ejecutivo encargó la ejecución del Decreto. El jurista Ramiro Aguilar advirtió que viola preceptos de la Corte Europea y de la Interamericana de Derechos Humanos.

Según la primera, la medida se justifica cuando exista una situación excepcional de crisis o emergencia; cuando ésta afecte a toda la población y constituya una amenaza a la vida organizada de la sociedad.

La segunda, destacó Aguilar, ha sido enfática en señalar que el estado de excepción se aplica solo en caso de guerra, peligro público u otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado. (MEVO)

Oposición pide revocar la medida

Ayer, la asambleísta Nivea Vélez, parte del Movimiento Municipalista, remitió al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, una solicitud para que se cambie el orden del día de la sesión del Pleno de este jueves y se someta a debate y votación un Proyecto de Resolución en el que plantean revocar el Decreto de excepción. La carta la respaldan con sus firmas los opositores Jimmy Pinoargote, Jorge Escala, Rafael Dávila, Edwin Vaca, Cléver Jiménez y Linder Altafuya.

La Asamblea ya fue notificada

El presidente Correa notificó la tarde de ayer a la Asamblea Nacional la decisión de declarar en estado de emergencia a la Función Judicial, a través del sistema electrónico del Legislativo.

Se conoció que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) tenía previsto reunirse al final de la tarde de ayer, con los miembros del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), por pedido de estos últimos, para conocer el motivo de la solicitud al Ejecutivo para que se declare el estado de excepción en el sistema judicial. (RE)

Asambleístas exigen acciones por decreto

En la tarde de ayer, el asambleísta independiente Enrique Herrería (ex MDG) socializó entre los demás legisladores un proyecto de resolución que plantea la destitución del presidente Rafael Correa, por la declaratoria del estado de excepción de la Función Judicial. Herrería dijo que envió el proyecto para que sea revisado por todos los asambleístas, y de ser necesario, hagan los aportes, e inclusive correcciones que consideren pertinentes.

“El presidente ha quebrantado la norma constitucional, puesto que no existe una grave conmoción social y, de existir, no es pretexto para que intervenga abiertamente en otra función del Estado”, enfatizó Herrería.

Bajo ese argumento, el legislador dijo que lo que procede es aplicar los artículos 130 de la Constitución y 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que facultan a la Asamblea para destituir al mandatario por arrogación de funciones.

Entre tanto, el ex AP César Rodríguez dijo que impulsará un juicio político contra Paulo Rodríguez, presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, por haber solicitado el estado de excepción, con lo que habría violado el artículo 168 de la Carta Magna, que consagra la independencia de toda la Función Judicial.

Fuente:http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/decreto-de-excepcion-rompe-el-estado-de-derecho-498810.html

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~ by FSVSF Admin on 7 September, 2011.

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