La Fiscalía indaga a Correa y a ministros por genocidio


La Fiscalía General del Estado abrió el pasado 18 de abril una indagación previa por el presunto delito de genocidio en contra del presidente de la República, Rafael Correa, y otros 18 funcionarios de gobierno, entre los cuales están Marcela Aguiñaga, ministra de Ambiente; Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales No Renovables; y, el ex ministro de Minas y Petróleos y actual candidato a fiscal general, Galo Chiriboga.

La indagación fue abierta tras la denuncia presentada el 29 de marzo de este año, por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otras organizaciones como la Conaice y Pachakutik quienes acusan al presidente Correa y a sus funcionarios, así como a seis representantes de empresas privadas (entre ellos José Dapelo y Fabricio Correa), de un posible etnocidio o genocidio en contra del pueblo waorani, especialmente de los tagaeri, taromenane, oñmenane, iwene y otros. Según los denunciantes se amenaza la vida de los pueblos en tres casos; uno de ellos por la entrega del campo Armadillo (el 26 de marzo del 2009) al Consorcio Energético Gran Colombia (integrado por VetraEcuador, Petrotesting Colombia y Ecuavital).

También se denuncia como una acción de etnocidio la ratificación por parte del Ministerio del Ambiente de la licencia ambiental del Bloque 31, está dentro del Parque Yasuní, y que ahora está a cargo de la EP Petroamazonas.

Según la denuncia, solamente la Asamblea puede aprobar la extracción en áreas protegidas. Finalmente se detectan, según los denunciantes, acciones de etnocidio, en los avances que ha tenido el Plan B para explotar el parque ITT.

Recientemente el Ministerio de Ambiente autorizó la realización sísmica 3D Tiputini y Tambococha.

El proceso judicial se encuentra en la Unidad de Indagaciones e Instrucciones Fiscales de la Fiscalía y entre las primeras diligencias ha dado un plazo de 15 días al ministro de Recursos Naturales no Renovables para que presente los documentos contractuales de la entrega de Armadillo, Bloque 31 e ITT.

También se le ha pedido a la ministra Marcela Aguiñaga que certifique la presencia de pueblos no contactados en el área del campo Armadillo.

Sobre el tema, Cléver Jiménez, asambleísta de Pachakutik y uno de los promotores de la demanda, aplaudió la decisión del Fiscal y explicó que se trata de un caso inédito de la historia judicial del Ecuador que se haya reconocido una denuncia por etnocidio.

Entre tanto, Fernando Villavicencio, ex sindicalista petrolero, y firmante de la demanda, opinó que a más de las diligencias iniciadas, la Fiscalía debería pedir la suspensión de las actividades en los tres campos, para proteger la vida de los pueblos en aislamiento. Además, recordó que los delitos de genocidio son imprescriptibles.

Detalles: Querella
Constitución
El artículo 57 indica que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral, irreductible, intangible y estará vedado todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas.

Actividad petrolera
Según la denuncia, ha existido voluntad del presidente Rafael Correa por impulsar la actividad petrolera en estos territorios; y que el exministro Galo Chiriboga y actual ministro José Serrano son responsables de ejercer presiones en el caso del campo Armadillo.

SOURCE: EL UNIVERSO

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~ by FSVSF Admin on 25 April, 2011.

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